Mohammed al Bashir toma el control de Siria como primer ministro interino, con el apoyo de los rebeldes que derrocaron a Bashar al Assad. Lo hará hasta el 1 de marzo en que se aspira redactar la nueva constitución y formar un gobierno de coalición.

El anuncio lo hicieron Abu Mohammed al Jolani, líder del grupo rebelde islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), y Mohamed Ghazi al Jalali, ex primer ministro derrocado.

Al-Bashir anunció, a través de la televisión, que ya sostuvo la primera reunión con su gabinete gubernamental para conseguir  los archivos de la Administración derrocada, con el fin de poner en marcha el trabajo durante el periodo de transición hasta que se redacte la Constitución.  Prometió que su Administración impulsará la cooperación con todos los grupos políticos en el país, «excepto con aquellos cuyas manos están manchadas de sangre de los sirios » e hizo un llamado para volver al trabajo

Abu Mohamed al Julani, ha afirmado,  mediante un comunicado entregado a medios de prensa,  que los gobiernos extranjeros no deben preocuparse por la gestión de Siria después de que los rebeldes hayan tomado el poder. La gente está agotada de la guerra, el país no está preparado para entrar en una nueva, ha dicho.

Mientras tanto, las fuerzas rebeldes continúan liberando a presos políticos encerrados por décadas en las cárceles de terror creadas por Al Asaad para reprimir a la oposición.  Millares  de sirios buscan a sus seres desaparecidos, en estas mazmorras cuyas puertas fueron abiertas por los rebeldes.

Según Amnistía Internacional, hasta 13.000 personas fueron ahorcadas en la prisión de Saidnaya entre el inicio de la guerra civil siria, en 2011, y 2015. En su informe afirmaba que miles de personas fueron ejecutadas mediante ahorcamientos masivos llevados a cabo por la noche, en el más absoluto secreto.

Muchos presos murieron tras ser torturados  y privados sistemáticamente de alimentos, agua, medicamentos y atención médica. Al parecer, los cadáveres de los asesinados en Saidnaya fueron enterrados en fosas comunes. La organización también calcula que hasta 20.000 personas fueron encarceladas.